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Los médicos privados españoles se sienten “humillados” por las aseguradoras: los técnicos cobran 60 euros por arreglar una lavadora y los sanitarios, 10 por consulta

Con el dinero que les abonan tienen que sufragar bien su propia consulta, con su asistente, impuestos, seguridad social y todos los gastos derivados (seguros, alquiler, suministros) o bien un porcentaje a un hospital privado, que es la otra pata de la asistencia no pública, que se basa fundamentalmente en centros que no tienen contratados a los médicos, que son autónomos (falsos, muy a menudo).
Los facultativos denuncian que llevan más de 30 años cobrando prácticamente las mismas tarifas y que están atrapados en un sistema que resta calidad a la atención.

Los facultativos denuncian que llevan más de 30 años cobrando prácticamente las mismas tarifas y que están atrapados en un sistema que resta calidad a la atención.

Quien quiera ver a un médico de la privada enfadado no tiene más que mencionar las tarifas que le pagan las aseguradoras. “Injusticia”, “humillación”, “explotación”, incluso “esclavismo” son palabras que usaron este mes en una mesa sobre el tema en la última Convención de la Profesión Médica para denunciar un sistema que, sostienen, lleva más de 30 años con los mismos emolumentos. Con algunas variaciones, suelen estar por debajo de 20 euros brutos por primera consulta de especialista, menos de 10 para el médico general y la mitad, respectivamente, para revisiones. Si se trata de una tercera cita en menos de dos meses, lo frecuente es que la tengan que hacer gratis.

En un momento en el que se suceden las protestas en la sanidad pública por la falta de profesionales y las malas condiciones laborales, los que trabajan en el sector privado quieren dejar claro que su situación también deja mucho que desear. El Colegio de Médicos de Sevilla lleva casi dos años con una campaña en marcha para denunciar que “no es justo” que arreglar una lavadora cueste 59,95 euros, mientras que por “salvar la vida” gracias a una consulta a tiempo se les pague 16,5, el precio aproximado más frecuente por una primera consulta en el especialista. También compara esa misma cifra por detectar un cáncer a tiempo frente a los 9,95 euros de una hamburguesa, o un diagnóstico de glaucoma frente a los 12,95 por una suscripción a una plataforma de streaming, reporta El País.

La sanidad privada en España funciona esencialmente por medio de un sistema de seguros en el que las cinco principales compañías se reparten más del 70% del mercado: Adeslas (29,2%), Sanitas (15,7%), Asisa (13,4%) DKV (7,2%) y Mapfre (6,8%). Con este oligopolio, los médicos no tienen posibilidad real de negociar en la mayoría de los casos. Las tarifas que les ofrecen las aseguradoras son lentejas: o las toman o se quedan sin pacientes. Sobre todo para los médicos que están empezando o los que no tienen un prestigio y una cartera de clientes muy asentada, que sí se pueden permitir dejar de trabajar para los seguros y hacer su consulta totalmente privada, con sus usuarios pagando directamente por el servicio y sin pasar por intermediarios.

Con el dinero que les abonan tienen que sufragar bien su propia consulta, con su asistente, impuestos, seguridad social y todos los gastos derivados (seguros, alquiler, suministros) o bien un porcentaje a un hospital privado, que es la otra pata de la asistencia no pública, que se basa fundamentalmente en centros que no tienen contratados a los médicos, que son autónomos (falsos, muy a menudo).

En octubre, una decena de sociedades médico-científicas firmaron el Manifiesto Dignifica, que habla de una posición “dominante” de las aseguradoras, que se llevan “pingües beneficios” y que puede conducir a dos problemas que califican de muy graves: “El sobrediagnóstico (realizar diagnósticos más graves o solicitar más pruebas de las necesarias, para poder cobrar baremos mayores) y el no realizar procedimientos, dado que el esfuerzo que precisan no se corresponde al pago recibido, lo que deja indefenso al paciente”.

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La asociación de médicos de ejercicio libre (Unipromel), que agrupa a 5.000 profesionales y canaliza sus reivindicaciones, pide que las tarifas se actualicen con el IPC de todo el tiempo que han estado congeladas, lo que supondría subir un 150% sus tasas. Su presidente, Ignacio Guerrero, explica que cuando se establecieron los baremos eran “muy razonables”. “Un ginecólogo cobraba 50.000 pesetas [300 euros] por un parto, y ahora lo normal es no subir de 280 euros; yo operaba cataratas por 45.000 pesetas y ahora están pagando 230 euros”, señala. Con la actualización que piden, la consulta de un especialista se quedaría en torno a los 40 euros brutos, algo que considera un precio “más justo”.

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) también ha denunciado “indicios de posición de abuso y de dominio”, con fijación unilateral de baremos, imposición de condiciones, obstáculos en el desarrollo de la actividad de los facultativos y exclusión de los cuadros “casi siempre a la conveniencia de las aseguradoras médicas”.

“Cuando se defiende la eficiencia de la privada de lo que se habla, en realidad, es de un recorte brutal en nuestras tarifas. La sanidad privada no es mucho más eficiente, lo que pasa es que está secuestrada por unos grupos económicos muy potentes. No está en manos de los médicos, sino del capital riesgo”, protesta Guerrero.

Las empresas del sector privado están unidas en la Fundación IDIS, que defiende sus intereses. Fuentes de esta organización reconocen que es necesario tender hacia un aumento de las tarifas, pero niegan la mayor: “Es mentira que cobren lo mismo que hace 30 años, cada aseguradora sube unos u otros honorarios, pero todas los actualizan y no hay una tarifa plana en todos lados, en cada territorio y especialidad varía”. A esto Guerrero responde que es un baile de cifras para que aparente heterogeneidad, pero que realmente el resultado final es muy parecido para todos los médicos. Para demostrarlo, remite a la web baremossmedicos.com, donde profesionales de toda España cuelgan bajo anonimato facturas reales con las aseguradoras.

En IDIS justifican las bajas remuneraciones, que están a la cola de los países del entorno, con la ley de oferta y la demanda. “Los médicos van a volumen y si atienden a muchos pacientes pueden ganar mucho dinero”, sostienen las fuentes, que explican que los precios que pagan los asegurados también son mucho más bajos que fuera de nuestras fronteras, donde cuestan entre tres y cuatro veces más.

Esta política de bajo coste, combinada con un deterioro generalizado en la sanidad pública, está provocando que la privada bata récords, con 11,5 millones de asegurados en 2021. Carlos Rus, presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), cree que este sistema con las tarifas que se manejan hoy tiene un impacto negativo en la atención: “Con pólizas a 30 euros para toda una familia y con consultas ilimitadas es difícil mantenerla”.

De hecho, la atención ya se está resintiendo, con consultas cada vez más demoradas. “Los efectos de la pandemia y el consecuente aumento de la lista de espera en el ámbito público han hecho que usuarios que antes hacían un uso mixto, es decir, utilizaban ambos sistemas, ahora se decanten por utilizar solo el privado. Esto, junto con el incremento de las pólizas low cost, genera que efectivamente haya un aumento de tiempos de espera en las urgencias (lo que equivaldría a la atención primaria del circuito público), pero no ocurre en la mayoría de las especialidades o en el ámbito quirúrgico, que aún cuenta con capacidad holgada”, sostiene Rus.

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En un sistema que va a volumen, la tentación es coger muchos pacientes para cobrar mucho, restándole tiempo a cada uno. Guillermo Pérez Toril, médico general en Burgos, se niega a entrar en esta dinámica. “No estoy pendiente de las cuentas. Solo veo cuatro pacientes por hora para poder dar un buen servicio”, asegura.

La medicina general es la que más depende de los seguros. Los especialistas que se lo pueden permitir están restringiendo cada vez más sus agendas para los pacientes de aseguradora, lo que está aumentado las esperas. Otros, directamente, han optado por dejar de dar este servicio. Es el caso del traumatólogo Miguel del Cerro, que dejó de atender a asegurados hace tres años. “Tengo una cartera de pacientes asentada. Y prefieren que los veas por vía privada porque no quieren esperar tres meses. Ahora veo menos pacientes y hago menos operaciones; pero lo que cobro por operar un túnel carpiano por mi cuenta equivale a 30 cirugías con Asisa”, señala. Del Cerro reconoce que él está en una posición, por prestigio y trayectoria, en la que se puede permitir hacer esto, pero muchos otros colegas dependen de los seguros por completo.

Unidad y movilizaciones

El presidente del colegio sevillano, Alfonso Carmona, pedía la semana pasada en la convención de la profesión “unión” de los profesionales para exigir mejoras. Están explorando vías de presión. Unipromel acudió el año pasado a la Comisión Europea para denunciar lo que consideran prácticas abusivas de las aseguradoras, pero el organismo no consideró oportuno intervenir por tratarse de un problema nacional.

Ahora contraatacan presentando una nueva queja por infracción del Reglamento 1/2003 sobre el abuso de posición dominante ante la propia Comisión Europea, uniendo el caso español a otros que se encuentran en una situación similar: Grecia y Portugal. La asociación está recabando documentación de estos países para organizar su queja, al mismo tiempo que explora cómo reivindicar en España junto a otros sectores que se consideran afectados por prácticas de las aseguradoras, como fisioterapeutas o dentistas, pero también con otros fuera del ámbito sanitario, como son los talleres mecánicos.

Mientras, tienen previstos paros y cierres de agendas para enero. Sería algo parecido a una huelga, que algunos médicos no se toman muy en serio, ya que dudan de la capacidad de movilización del sector. “Aunque no estamos en la misma precariedad, si los riders pudieron mejorar sus condiciones, ¿por qué nosotros no?”, se pregunta un facultativo.

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